Proveer a los ciudadanos y a las comunidades de empoderamiento jurídico; de esto se ocupan las nuevas justicias, las otras justicias, en Colombia, las cuales surgen como respuesta a la crisis generalizada de la justicia tradicional o estatal, y se inspiran en los nuevos desarrollos jurisprudenciales que vienen realizándose durante las últimas décadas en distintos lugares del mundo.

Esa crisis de la justicia estatal se expresa en el país, entre otros males, en congestión judicial y la consecuente morosidad, corrupción, falta de recursos humanos y financieros, altos costos, ausencia de una política pública para el sector, politización, impunidad; en una palabra, ineficiencia.

Esta situación crítica es muy grave si se considera que uno de los pilares básicos en que descansa la legitimidad del Estado es que pueda dirimir y solucionar los conflictos que se presenten entre sus ciudadanos, es decir administrar justicia, requisito básico para la convivencia, empezando porque, etimológicamente, el término proviene de la expresión latina iustitĭa: “virtud cardinal que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o que le pertenece”.

Es claro que, si no hay credibilidad en la justicia, no la hay en el Estado, en su capacidad de protección oportuna, ágil, próxima y accesible. No es infrecuente, entonces, que los ciudadanos se vean inducidos a ejercer justicia por mano propia, con todo lo que estas prácticas extraestatales o paraestatales privadas implican en términos de arbitrariedad y violencia. Aunque otra opción para hacer frente a la crisis judicial es abrir espacios para otros tipos de justicia que, si bien no dependen del aparato estatal, son legales. Es así como han ido surgiendo novedosos modos de concebir y ejercer el derecho que procuran humanizar la práctica jurídica a partir de la aplicación y actualización de sistemas ancestrales de justicia (como el de las comunidades racializadas) y de modalidades jurisprudenciales alternativas en las que, al lado del aparato de la burocracia estatal, participan particulares. Es una prueba fáctica de que en las sociedades modernas el Estado no necesariamente tiene el monopolio de la administración de justicia.

El conjunto de las justicias alternativas trasciende la normatividad tradicional que regula la relación entre los ciudadanos y entre éstos y el Estado en el marco de un concepto de cultura de la legalidad en derecho en la que imperan la tolerancia, la solidaridad y el respeto por las leyes.

La administración de justicia, para que sea eficiente, ha de contar con espacios y ámbitos apropiados bajo dirección estatal, pero además deberá ampliar esos espacios para facilitar el acceso de los ciudadanos, democratizar el concepto mismo de justicia como servicio esencial, así como incorporar mecanismos alternativos de solución de conflictos. La justicia, así, es concebida no sólo como el aparato judicial formal, sino como un sistema judicial con vocación social garante de los derechos fundamentales que permita la participación ciudadana en determinados conflictos cotidianos sin que sean transferidos al conocimiento y tratamiento de las autoridades judiciales. De este modo se puede no sólo mejorar la eficiencia de los jueces, sino reconstruir el tejido social, empoderar a las comunidades y consolidar la convivencia pacífica.

Esta alternatividad del derecho, que incorpora a las poblaciones vulnerables, históricamente marginadas de la administración de justicia, procura encontrar opciones válidas al sistema legal tradicional, aquejado de las deficiencias mencionadas. Y es autorizada desde 1991 por la Constitución Política vigente, que en su artículo 116, capítulo 5º, “La Rama Judicial”, crea la Jurisdicción Indígena y los Jueces de Paz y de Reconsideración, además de admitir que los particulares puedan ser transitoriamente investidos de la función de administrar justicia en calidad de conciliadores o de árbitros para proferir fallos en derecho. Además, amplía la jurisdicción especializada dándole cabida, como parte estructural del sistema judicial, a Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, como el arreglo directo, la amigable composición, el arbitraje, la mediación, la negociación, la conciliación y la mediación penal, así como otras modalidades de justicia como la justicia comunitaria o en equidad, la justicia indígena, la justicia restaurativa y la justicia transicional (de la cual hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz y el Postconflicto, JEP, decisiva en la implementación del Proceso de Paz).

La nueva Carta Constitucional también autoriza la creación de los Centro de Conciliación y Arbitraje, los Consultorios Jurídicos de las universidades, que se suman a las jurisdicciones especiales, ya existentes, como la eclesiástica y la penal militar. También permite que los abogados titulados ejerzan como Conciliadores en Derecho y los sin título como Conciliadores de Centros de Conciliación de Consultorios Jurídicos de las Facultades de Derecho y de las Notarías.

Estas nuevas justicias, u otras justicias, que se abren paso en medio de inevitables y comprensibles dificultades tanto en nuestro medio colombiano como en Latinoamérica, derivan en otros derechos posibles, los cuales resultan decisivos en los actuales momentos en que se procura superar el prolongado conflicto armado haciendo el tránsito de la guerra a la paz, y en los que se busca implementar en el país el Acuerdo de Paz y la propuesta de Paz Total del actual gobierno. Para conseguir estos dos propósitos, Colombia debe modernizar y cualificar su organización institucional, incluida de modo especial la jurídica, en el marco de un Estado Social de Derecho en Paz.

Todas estas temáticas son abordadas con solvencia, en un lenguaje llano y con amplio respaldo bibliográfico, por Álvaro Sepúlveda Franco en este libro, uno de los que más prolijamente las abordan en Colombia. Lo puede hacer gracias a su amplia experiencia, teórica y práctica, como profesor universitario y como abogado especializado en derechos humanos y transformación pacífica de conflictos desde las dos entidades jurídicas que ha fundado y dirige en Cali, Colombia: la Asociación Escuela Ciudadana y Transformapaz, entidad adscrita al Centro de Conciliación Convivencia & y Paz.

El libro se nutre de ideas procedentes del humanismo, el progresismo político, los movimientos emancipatorios, anticoloniales y antineoliberales, el feminismo, el ambientalismo y de otros sectores contrahegemónicos de la sociedad civil. Y sin duda será de interés para los operadores de justicia, los movimientos por la paz y los movimientos sociales en general, las víctimas del conflicto armado, así como para los ciudadanos del común interesados en la justicia como un hecho de implicaciones no sólo jurídicas, sino éticas, políticas, sociales, culturales.